Frontera Venezuela- Colombia

Foto por: George Castellanos

Bogotá, 20 febrero de 2018: Las Organizaciones de la Sociedad Civil firmantes, hacemos un llamado a la sociedad en su conjunto, al Estado colombiano, a los medios de comunicación y a los Organismos Internacionales a generar respuestas solidarias y de acogida a las personas venezolanas y población colombiana retornada forzosamente. En ese sentido, manifestamos que la única respuesta aceptable a la migración venezolana debe fundarse en acciones y prácticas de hermandad y hospitalidad, que garanticen plenamente los derechos humanos de la población migrante y refugiada.

Reconocemos que los migrantes procedentes de Venezuela han migrado forzadamente debido a la crisis humanitaria que allí se vive, que los/las obliga a migrar a otros territorios. Es por ello que Colombia y los Estados de la región deben constituirse en territorios de protección, donde prime el derecho a la vida, la dignidad humana y se desarrollen planes diferenciados de atención a población en situación de especial vulnerabilidad como las niñas, niños, adolescentes, mujeres y pueblos indígenas.

De manera especial, exigimos al Estado Colombiano el cumplimiento de los tratados internacionales ratificados, como la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, el Protocolo sobre el Estatuto de los Refugiados, y las obligaciones adquiridas a nivel regional en virtud de la Declaración de Cartagena y sus posteriores desarrollos en los últimos treinta años.

Demandamos al Gobierno nacional la implementación de políticas efectivas (debidamente articuladas y publicitadas) para atender a los compromisos de protección internacional adquiridos como la Declaración de México- 2004 y la Declaración y el Plan de Acción de Brasil sobre Desplazamiento, Refugio y Apatridia-2014. En momentos en que la Comunidad Internacional avanza en el desarrollo de Pactos Globales 2018, frente a la Migración y al Refugio, recordamos que es deber del Estado ser garante de derechos humanos de los migrantes en el contexto de crisis humanitaria y ser solidario con los hermanos venezolanos, quienes han acogido a personas migrantes y refugiadas colombianas por varias décadas.

Solicitamos al Gobierno de Colombia una respuesta a esta crisis basada en un enfoque de derechos humanos de los migrantes, a través de políticas públicas efectivas, evitando la imposición de barreras de acceso a la protección internacional al exigir documentación difícil de obtener o visas de alto costo. Igualmente, demandamos realizar los ajustes normativos y administrativos para la prevención, protección y resolución de casos de la apatridia y los problemas de nacionalidad. Expresamos con profunda preocupación que las medidas adoptadas por Gobierno se concentren en la militarización y el uso de la fuerza armada, ya que ésta no es una repuesta efectiva, y por el contrario, incrementa los riesgos de la violación a derechos humanos.

La crisis humanitaria que viven las persona migrantes procedentes de Venezuela requiere una solución de carácter regional, por lo tanto, exhortamos a los organismos internacionales y de integración regional como la Organización de los Estados Americanos (OEA)-en particular a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)-, Unión de Naciones Sudamericanas (UNASUR), Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), Comunidad Andina de Naciones (CAN), entre otros, a que promuevan compromisos regionales solidarios, con énfasis en la protección de los derechos humanos de personas migrantes.

De igual manera, invitamos a los medios de comunicación, en su rol informativo y también de formadores de opinión pública, a luchar contra la xenofobia y discriminación que, en muchos casos, con los distintos enfoques que dan a su manera de presentar la información, terminan fomentando.

Por otra parte, comprendemos los retos que la migración trae para el país y especialmente para los departamentos fronterizos. Por esto, consideramos de vital importancia que se planeen y ejecuten acciones de protección y ayuda humanitaria, alejada de intereses políticos y discusiones polarizantes que tienen efectos negativos para las personas migrantes, refugiadas y comunidades de acogida.

Finalmente, no podemos olvidar que, durante décadas, hemos sido las y los colombianos quienes hemos vivido el desplazamiento forzado interno, la migración forzada y el éxodo de connacionales en búsqueda de refugio, demandando ayuda y acogida en otros países cuando el conflicto armado y la violencia generalizada obliga a salir del país para salvaguardar la vida, la libertad e integridad. Tenemos la plena seguridad de que la mejor respuesta a la migración proveniente de Venezuela son acciones por la integración, basadas en la hermandad, la solidaridad, la hospitalidad y el pleno respeto por los derechos humanos.

La declaración cuenta con la adhesión las siguientes organizaciones y personas:

Foro Internacional de Víctimas (FIV)

Red de Víctimas Colombianas por la Paz en Latinoamérica y el Caribe REVICPAZ-LAC: Argentina: Colectivo de Migrantes y Exiliados Colombianos por la Paz -MECoPa-, Mesa de Víctimas del Conflicto Interno Colombiano en Argentina, Costa Rica: Ecos de Colombia, Chile: Organización de Colombianos Refugiados en Chile -OCORCH-, Ecuador: Mujeres Libres sin Fronteras, México: Colectivo por la Paz de Colombia Desde México -ColPaz-, Panamá: SOS Víctimas del Conflicto Interno Colombiano en Panamá -SOVIC PANAMÁ-, Perú: Mesa de Víctimas Colombianas por la Paz -ColViPaz-, Uruguay: Organización de Víctimas del Conflicto Interno Colombiano en Uruguay.

Colectiva Mujeres Refugiadas, Exiliadas Y Migradas

La Comisión Sobre Migraciones Forzadas, Exilio Y Reconciliación (CER)

La Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES)

Servicio Jesuita a Refugiados (SJR-Colombia)

Servicio Jesuita a Refugiados (SJR-Ecuador)

Servicio Jesuita a Refugiados (SJR-Latinoamérica y el Caribe-LAC)

Pastoral Social

Consejo Noruego para Refugiados (NRC)

Misión Scalabriniana

Rodeemos El Dialogo

Universidad Santo Tomás

Universidad Javeriana-Instituto Pensar

Universidad de Antioquia

Centro por la Justicia y el Derecho Internacional


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