|
 Caracas - Venezuela
Miles de niños, niñas y adolescentes se ven forzados por la violencia a abandonar sus hogares para buscar un lugar seguro. Colombia y Haití representan las dos crisis humanitarias de mayor impacto en América Latina y El Caribe.
En la región andino-amazónica, Colombia presenta una cifra de desplazamiento interno de aproximadamente 4 millones de personas, de las cuales 1.82 millones son niños, niñas y adolescentes. Entre sus vecinos, Brasil, Ecuador, Venezuela y Panamá existen alrededor de 600.000 refugiados colombianos, de los cuales más de 282.000 corresponden a esta población.
En el Caribe, Haití, dada la inestabilidad política, la pobreza extrema y la crisis ecológica agudizada por los desastres naturales, miles de familias se ven obligadas a salir de su país buscando mejores condiciones de vida y un lugar digno para continuar sus vidas.
Nuestra experiencia de campo evidencia que en los países receptores el derecho a la educación es frecuentemente violentado. La mayoría de los Estados vulneradores tienen leyes que formalmente garantizan este derecho; sin embargo en la práctica cotidiana esto no se cumple. Por ejemplo, algunas de las causas irrisorias que señalan es la falta de documentos de identidad y de certificados que acrediten los estudios realizados en el país de nacimiento.
El Servicio Jesuita a Refugiados para la región de Latinoamérica y El Caribe, cuenta con presencia en Colombia, Panamá, Ecuador, Venezuela, República Dominicana y Haití, donde acompaña a comunidades de desplazados, refugiados y migrantes con el fin de promover el respeto a sus derechos, entre los que se encuentra el acceso a la educación.
En Ecuador, un factor positivo ha sido el trabajo conjunto del Servicio Jesuita a Refugiados y Migrantes (SJRM) con Fe y Alegría, cuya labor consiste en insertar a los menores de edad solicitantes de refugio en el proceso educativo. Como lo señala el boletín del SJRM Ecuador para el Día del Niño 2010, “en la mayoría de los casos se otorgan los cupos, pero en otros colegios es más complicado debido al desconocimiento, por parte de la autoridades educativas, del concepto de movilidad humana y de los derechos que estas personas tienen para acceder a la educación en Ecuador”.
Esto ocurre a pesar de que el acuerdo 337 del Ministerio de Educación de Ecuador regula el acceso y permanencia en el sistema educativo ecuatoriano de niños, niñas y adolescentes ecuatorianos/as y extranjeros/as que requieren atención prioritaria por su condición migratoria.
Por su parte, Dorialbys De La Rosa, coordinadora de incidencia del SJR Venezuela, indica que en su país los niños, niñas y adolescente representan al menos 47% de la población en situación de refugio. “En Venezuela, la constitución nacional establece plenamente el derecho a la educación como un Derecho Humano (…) La garantía de este derecho no es satisfecha integralmente, pues una vez cumplidos los 9 años de edad deben presentar ante el Ministerio de Educación, a través del centro educativo, la documentación legal correspondiente a su nacionalidad para poder optar a la certificación de títulos y de notas, que en el caso de los extranjeros implica la presentación de documentos de permanencia legal, de los cuales carecen la mayoría de las personas en situación de refugio en Venezuela”.
Muchos de ellos y ellas terminan sus estudios pero ninguno puede obtener los certificados hasta que el Estado venezolano no decida sobre la condición de refugiado. Esto genera que muchos estudiantes sientan que “están perdiendo el tiempo” y deserten de las aulas.
En Panamá la situación no mejora. Jóvenes con el estatus de Protección Temporal Humanitaria, condición que limita el derecho de los solicitantes de refugio a desplazarse libremente por el territorio, tienen que pedir permisos para salir de zonas fronterizas, como Jaqué o Puerto Piña, a otros centros educativos.
De acuerdo al testimonio de una joven refugiada que ingresó a este país en 1999 “la lucha era muy grande para entrar en la escuela… No podíamos estudiar porque no teníamos documentos. Teníamos que pedir permiso del Ministerio de Educación y eso duraba como cuatro meses. En 2000, yo creo que nadie estudiaba durante este año”. Esta situación aun continúa.
En Colombia según cifras de Acción Social, entidad encargada de ejecutar las políticas públicas de atención al desplazamiento, hasta el 2009 existen más de 1.82 millones personas en situación de desplazamiento entre 0 y 17 años de edad. Según la Corte Constitucional uno de los graves problemas que afecta a este grupo se da en “el campo de la educación, principalmente cobertura, acceso, permanencia, flexibilidad y adaptabilidad del sistema”. En el 2008 la Corte adoptó el Auto N° 251 con el objeto de proteger los derechos fundamentales de los menores de edad afectados por el desplazamiento forzado por causa del conflicto armado.
La vulneración de derechos de las y los niños y adolescentes continúa en República Dominicana donde este Estado sigue negando la ciudadanía a los hijos de padres haitianos nacidos en el país, lo que los convierte en apátridas. El limbo legal les impide registrarse como ciudadanos y estudiar.
En Haití el terremoto solo fue un detonante para que se evidenciara este drama. Miles de niñas y niños continúan entre el hacinamiento, la desnutrición, la falta de un registro civil y el no acceso a la educación. En los campos de desplazados la mayoría de estos infantes pasan sus días volando cometas o ayudando a sus padres a buscar algo de comida.
El SJR ha estado defendiendo en el mundo el derecho a la educación aún en situaciones de conflicto armado o después de fuertes desastres naturales, cuando las infraestructuras escolares han sido totalmente destruidas. No obstante, hacemos un llamado a los Estados de la región para que asuman la responsabilidad que les confiere la ley y garanticen este derecho a los niños, niñas y adolescentes en situación de desplazamiento, refugio y migración. Ya ha ratificado la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, que tienen leyes en sus países que precisan su responsabilidad, por tanto éstos deben dar prioridad absoluta a la infancia y adolescencia, por encima de intereses de otra índole.
Por Minerva Vitti
Asistente de Comunicación e Incidencia
SJR – LAC
Para más información contactar con:
Coordinación de Comunicación
Servicio Jesuita a Refugiados Colombia
asistentesjrcol@gm
Esta dirección electrónica esta protegida contra spam bots. Necesita activar JavaScript para visualizarla
Más artículos:
">">">">">">">
 |
